EU acusa a Rafa Márquez y Julión Álvarez de estar vinculados al narco

El Departamento del Tesoro dio a conocer que se congelaron cuentas del futbolista y el cantautor en el vecino país; así como la cancelación de sus visas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las actividades encabezadas por Raúl Flores Hernández, presunto operador financiero del narcotráfico, entre ellos el capitán de la Selección Mexicana Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

La autoridad de EU impuso sanciones a Flores Hernández, que dirige su propia organización criminal, y a otros 21 mexicanos relacionados con él, entre ellos Márquez, al que acusa de “tener una larga relación” con el delincuente y “haber manejado activos” para él.

El señalamiento implica la cancelación de sus visas para ingresar a dicho país, el aseguramiento de sus propiedades, así como la congelación de sus cuentas.

Sin embargo, no significa que ninguna persecución jurídica hacia ambos personaje, hasta que haya una investigación.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

De acuerdo con un comunicado, aunque el presunto narcotraficante opera independientemente, conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal “Flores” funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández.

El texto indica que la organización criminal incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros.

Los miembros de la familia Flores Hernández que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizeth Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores.

Sobre Márquez y Julión, señala que ambos han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. “También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez”.

“Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin”.

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